Valencia aprobó la Ley de Juego más restrictiva de toda España

El gobierno valenciano, formado por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, aprobó este jueves finalmente la Ley del Juego y Prevención de la Ludopatía, que es considerada la más restrictiva de España, a pesar de las acciones del sector del juego en los últimos días, y de la oposición (PP, Cs y Vox).

La nueva Ley valenciana, que sustituye a la de 1988, introduce importantes restricciones: los salones de juego o casas de apuestas deberán situarse a 850 metros de centros educativos y otros espacios vulnerables -lugares con alta tasa de paro y pobreza-, y no podrán estar a una distancia inferior a 500 metros entre ellos.

Además se impondrán estrictos controles de acceso y se considerarán salas de juego a los locales de hostelería, como bares, que tengan máquinas de apuestas. Estos locales estarán obligados a tener las máquinas apagadas -es decir, no emitirán los habituales estímulos sonoros, visuales y lumínicos- y solo se activarán en cada uso mediante mando remoto, como las expendedoras de tabaco.

En paralelo, la Ley endurece las sanciones: el incumplimiento por no controlar el acceso a las salas pasó de 3.000 euros a 6.000 euros, y se contempla desde la suspensión temporal de licencias hasta el cierre de los locales por varios años. El dinero de las sanciones se destinará a programas contra la ludopatía.

El sector del juego genera en la Comunitat Valenciana cerca de 7.000 puestos de trabajo directos y más de 30.000 empleos indirectos. Por ello, el sector solicitó a través de varios medios, la paralización del proceso en plena pandemia de COVID-19.

Entre las entidades que se manifestaron en contra se encuentran Andemar CV, Anesar CV, Apromar, Asomar, las patronales del sector del juego privado de ámbito nacional Cejuego y Anesar -ambas pertenecientes a la CEOE-, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur) y la CEV. También se ha opuesto el sindicato UGT, por el efecto que puede generar en el empleo.

El pasado jueves, estas entidades lanzaban un comunicado conjunto en el que advertían de que la ley puede llevar al cierre de 400 salones de juego y a la pérdida de casi 3.000 empleos directos y cerca de 8.000 indirectos. El sector, según sus datos, mueve el 2,3% del PIB regional y genera ingresos fiscales de 140 millones de euros en la Hacienda autonómica.

SOS Hostelería puso en marcha la campaña “Desde el 15 de marzo, cerrado por coronavirus... A partir del 25 de mayo, cerrado por la Ley del Juego” para manifestar su rechazo a la nueva normativa. Los hosteleros consideran “inviable” hacer frente a gastos como los de poner máquinas con mandos a distancia, y lamentan que en este tiempo han tenido que pagar alquileres e impuestos con sus locales cerrados por el Coronavirus.

En las explicaciones del voto, posteriores a la aprobación de la ley, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem coincidieron en señalar que se ha llevado a cabo con “presiones y manipulaciones”, y han asegurado que se ha “debatido y acordado” tras “infinidad” de reuniones con la patronal. “Las leyes importantes, como esta, cuestan de sacar, cuestan mucho, hay muchos problemas, muchos obstáculos”, aseguró el diputado socialista José Muñoz.

Por su parte, desde Ciudadanos han acusado al Gobierno del Botànic II de haber aprobado una “bulo-ley” y que “habla de su cerrazón y actitud dictatorial”, porque defienden que “no se ha aprobado con el consenso de la oposición ni con el del sector”, y advirtieron que la ley “en breve será recurrida”.

El PP argumenta que la ley “expulsa a miles de trabajadores” y que es “sectaria”, porque, a su juicio, refleja que “hay juegos de primera y juegos de segunda”, en referencia a las loterías del Estado, que no se ven afectadas por la norma.

La ley se tenía que haber aprobado el pasado lunes, pero los diputados de Vox en Les Corts Valencianes forzaron su aplazamiento. Presentaron un escrito en el que impugnaban el voto ponderado que la institución había elegido para resolver la votación de manera rápida, y que alegaban que no está contemplado en el Reglamento. Los diputados de Vox se han ausentado del pleno durante la sesión de este jueves, porque aseguran no haber recibido respuesta.