Honduras: la semana próxima se conocería el dictamen sobre el tributo de las slots

Pese a que el propio presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, nombró una comisión especial para dictaminar el proyecto de decreto encaminado a derogar el artículo mediante el cual se rebaja de 25.000 lempiras (1.190 dólares) a 5.000 lempiras (235 dólares) anuales, por la explotación de las máquinas tragamonedas, el mismo se mantiene inalterable.

A finales de 2013 el Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo 34 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social para bajar el impuesto a los casinos que utilizan máquinas tragamonedas o máquinas accionadas por monedas, reforma que entró en vigencia el 22 de mayo de 2014, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Ahora sólo pagan 5.000 lempiras anuales, es decir que de 2.100 lempiras al mes que pagaban, ahora únicamente pagan 417 lempiras por cada máquina, lo que representa una reducción del 80 por ciento.

Fue la única reforma aprobada por los legisladores para reducir impuestos o tasas al final de la jornada legislativa de ese momento. Curiosamente los únicos beneficiados fueron los propietarios de los casinos.

Reforma injusta

Al referirse a esa modificación legislativa, el diputado liberal por Cortés, Ángel Darío Banegas, quien formaba parte del Congreso Nacional anterior y quien asegura que se opuso a la aprobación del decreto, señaló que al quitarle los impuestos a los casinos extranjeros que operan en Honduras, es algo que va en detrimento de la competencia que tienen en el mercado, es una injusticia y una prueba de que el país necesita un pacto fiscal y justicia tributaria.

Amenaza de quiebra

No obstante, otros parlamentarios como el recién integrado diputado propietario del Partido Nacional, Rodimiro Mejía, quien votó a favor de la reforma, argumenta que se les convenció de que los ingresos de los casinos se habían venido abajo y que por recoger más dinero por los impuestos, más bien éstos cayeron y pendía el peligro del cierre de varios de esos negocios.

Por su lado, el veterano diputado Oswaldo Ramos Soto, quien también participó en la maratónica sesión donde se aprobó la reforma, arguyó que “vinieron ellos, se preguntó, yo no formaba parte de ninguna comisión de esas, pero intervine en el pleno porque yo conocía de que se habían cerrado algunos negocios de estos, y muchas personas fueron a visitarnos para decirnos que habían quedado desempleadas y la mora en el pago indicaba que no tenían capacidad tributaria para pagar esa tasa y con la tasa anterior si se cumplía y verdaderamente se cumplía el propósito de generar trabajo de que esas empresas funcionaran y que el fisco percibiera también el producto de estas tasas”.

Sin justificación fiscal

A pesar que la llamada industria alegue que no puede sostenerse y las autoridades municipales y de la DEI señalen no conocer datos, Proceso Digital conoció que en los últimos dos años y medio las máquinas han aportado un total de siete millones de lempiras al fisco nacional.

El 2012 ingresaron al cofre público dos millones de lempiras, mientras el 2013 el mismo se elevó a tres millones de lempiras y el presente año con datos hasta julio pasado, se llevan recaudados dos millones de lempiras. Todos estos pagos corresponden en su concepto a  la tasa de seguridad.

De manera que la industria reporta la misma tasa de ingresos que ha tenido en los últimos años, a pesar de modificar severamente a la baja la tasa gravada.

Chantaje y amenaza

Ante esa situación, el 20 de agosto pasado, el diputado democristiano por Francisco Morazán, Augusto Cruz Asensio, presentó una iniciativa encaminada a derogar el decreto 281-2013 que reforma el artículo 22 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público que a su vez reforma la Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social quedando establecido lo estipulado en el decreto 17-2010.

Cruz Asensio argumentó que no es justo que los empresarios de los casinos condicionen al Congreso Nacional y que hagan un chantaje y amenacen al país con marcharse si no se les permite no pagar impuesto.

“Esa no es la ruta correcta y en lo personal que se vayan y por eso he presentado el proyecto de decreto para derogar esta ley que le reduce el pago de impuestos a las empresas que operan casinos en el país”, acotó.

El anteproyecto de decreto está orientado a que los casinos que poseen máquinas tragamonedas vuelvan a pagar 25.000 lempiras por cada aparato de esos y no  únicamente los cinco mil lempiras que pagan actualmente con la reforma que se hizo el año pasado. La medida incluye a las máquinas tragamonedas que operan en pulperías, abarroterías, mini mercaditos, mercados, bares, cantinas y otro tipo de establecimientos.

La propuesta de Cruz Asensio comprende que el impuesto sea recibido, administrado y fiscalizado por las alcaldías. Los ingresos que se reciban -si se aprueba la ley- serán deducidos de las transferencias trimestrales que la Secretaría de Finanzas efectúe a las municipalidades.

El diputado urgió a la comisión legislativa que se nombró para dictaminar su iniciativa. Agregó que en este receso espera que el diputado David Chávez Madison, que preside la comisión para dictaminar la iniciativa que presentó, al reiniciarse las sesiones legislativas la próxima semana, presente el respectivo dictamen.

Ni en la DEI ni en la alcaldía conocen el tema

Asimismo, la iniciativa propone que sin perjuicio de la Ley de Convivencia Social, la autorización de ese tipo de negocios debe ser aprobada en cabildos abiertos.

En la alcaldía capitalina prefirieron no hablar del tema ya que según dijeron, es la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), la institución que manejaba el dato sobre el número de casinos en la ciudad y en el país, antes de la reforma de 2010.

No obstante, en la DEI tampoco saben mucho y solamente recuerdan que antes de la reforma, contabilizaban 24 casinos, pero ahora ya no manejan la recaudación por ese impuesto.

La asistente de Cumplimiento Fiscal de la DEI, Alba Valladares, señala que la reforma que le bajó el impuesto a los casinos por concepto de las máquinas electrónicas tragamonedas a quien afecta es a las municipalidades, pero también afecta la recaudación tributaria por el Impuesto Sobre Ventas y de igual forma el Impuesto Sobre la Renta y las retenciones.

Son negocios de juegos de azar

 Por su parte, el ex director de la DEI, Jorge Yllescas, expuso que los casinos no son una industria como aduce el decreto mediante el cual se hizo la reforma, sino que son negocios o comercios de juegos de azar.

“Siempre está altamente gravado porque hay que desestimular que la gente llegue a jugar y pierda cantidades de dinero, en vez de fomentarlo, se trata de persuadir a la gente para que no vaya”, acotó.

En muchos lugares esos son los centros que más evaden los impuestos porque hay poco control y en Honduras nunca ha existido un verdadero control sobre las empresas de juegos de azar,  puntualizó el ex director de la oficina recaudadora del Estado.