La JPS analiza cambios para permitir la compra de lotería en línea desde fuera de Costa Rica

La Junta de Protección Social de Costa Rica (JPS), ente administrador de la lotería estatal, informó que analiza cambios para permitir a los costarricenses la compra de lotería en línea desde fuera del territorio nacional.

La presidenta ejecutiva de JPS, Esmeralda Britton, informó que muchas personas solicitaron habilitar esa posibilidad. “Estamos haciendo algunas revisiones de mejora de los procesos, porque hay muchas personas que nos dicen que quisieran poder tener la posibilidad de comprar la lotería viviendo fuera del país o estando de viaje”, contó.

“Actualmente no lo pueden hacer porque inmediatamente el sistema detecta una IP que no es de Costa Rica y bloquea la página”, explicó en declaraciones brindadas a Radio Monumental.

Por otro lado, la titular del ente se refirió al equilibrio entre la venta de lotería en línea y la venta tradicional desde junio de 2020 cuando inició la venta en línea. “Algunas personas pensaban que al poner la lotería en línea íbamos a eliminar o afectar a los vendedores, pero eso no es así y tomó más o menos un año que los vendedores pudieran entender”, expresó.

En ese sentido, detalló que los vendedores tradicionales siguen contando con su cuota de 100 enteros e incluso pueden comprar excedentes, de vendedores que no retiren su cuota completa. “Nosotros nos reservamos entre un 5 y un 10% que es lo que normalmente los vendedores no se llevaban. Esa lotería antes se destruía, porque se imprimía y no se entregaba. Pero ahora generamos muchos ingresos gracias a esta política”, destacó Britton.

Por último, la funcionaria exhortó a apoyar el proyecto de ley 21.632, llamado “Ley para la prohibición de actividades relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las utilidades generadas para financiar programas sociales”, que tiene más de dos años esperando a ser votado en la Asamblea Legislativa. 

En noviembre de 2022, el diputado Gilberth Jiménez, autor del proyecto, solicitó al Poder Ejecutivo que sea tratado en el período extraordinario, en vista de la importancia que reviste en relación al combate del lavado de dinero. Según cálculos suministrados por Jiménez, la Junta de Protección Social podría estar perdiendo unos 600 millones de colones (alrededor de USD 960.000) por esta actividad, que podrían haber sido destinados a programas sociales.