México se debate entre la prohibición y la necesidad de una nueva ley

Los abogados Alfredo Lazcano y Andrea Avedillo, de la firma Lazcano Sámano S.C., analizan la actualidad política que enfrenta el sector del juego en México y advierten la tendencia prohibicionista del actual gobierno, haciendo hincapié en la necesidad de una nueva ley para regir la industria en el país. 

El siguiente artículo constituye la segunda parte de una serie de entregas que los especialistas de la firma publicarán en Yogonet durante las próximas semanas.

Parte 2: El juego ilegal

Como se adelantó en la Parte 1 de esta serie de artículos, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó un Decreto el 16 de noviembre de 2023 que reformó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y, entre otras cosas, en México se prohibió la operación de máquinas para el sorteo electrónico de números o símbolos (Máquinas de Juego) –en establecimientos de nueva apertura–, limitando de esta manera el crecimiento del juego en el país.

Más allá de la afectación que nuestro sector esté enfrentando por dicha prohibición, lo cierto es que el compromiso de la actual Administración al inicio de su mandato fue completamente diferente. Así es, de conformidad con el Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2020, la SEGOB estableció como acciones prioritarias, además de otras, el “combatir el juego ilegal en coordinación con las dependencias y entidades de seguridad, asegurando el cumplimiento del marco regulatorio de juegos y sorteos”. Desafortunadamente, hasta hoy sólo hemos visto prohibiciones, no nuevas regulaciones.

No obstante, la historia nos ha demostrado que privilegiar la prohibición sobre la regulación incentiva la ilegalidad; por lo tanto, la prohibición que impuso el Gobierno de México a finales de 2023, lejos de ayudar a combatir el juego ilegal, lo fomenta, como explicaremos a continuación.

Uno de los ejemplos históricos más claros de lo anterior data de 1920 con la enmienda XVIII de la Constitución de los Estados Unidos de América, la cual prohibió “la fabricación, venta o transporte de bebidas embriagantes de los Estados Unidos y todos los territorios sujetos a su jurisdicción, así como su importación a, o su exportación desde los mismos” (Ley Seca).

La Ley Seca no significó la sobriedad absoluta del país, sino que propició la aparición de bares clandestinos y del tráfico ilegal de alcohol a lo largo y ancho del territorio de aquel país norteamericano. ¿Por qué? Porque lo que fue atacado no fue la demanda de alcohol, sino la oferta, sacando esta última del control de los fabricantes y distribuidores de alcohol de la economía formal, para dejarla en manos de aquellos que actúan fuera de la ley, es decir, los criminales.

La enmienda XVIII fue un experimento tan fútil que a la fecha se conserva, más de 100 años después de su publicación, como la única enmienda constitucional estadounidense en ser derogada.

De la misma manera que sucedió con la Ley Seca, si a los actuales Permisionarios se les prohíbe instalar y operar Máquinas de Juego en sus establecimientos, se abrirá paso a la mayor aparición de establecimientos ilegales (farmacias, tienditas y minicasinos callejeros que pululan impunemente en todo México), así como al tráfico de maquinitas que no cumplen con estándares de calidad y cuyos ingresos no serán declarados ni enterados al fisco. La realización de una actividad prohibida supone precisamente que se actúe fuera de la ley y actuar fuera de la ley significa que no hay reglas que seguir.

El combate al juego ilegal es una de las peticiones más reiteradas por parte de nuestra industria a las autoridades. De hecho, administraciones pasadas realizaron campañas para prevenir a la población, como la “Estrategia en el combate a las Máquinas Tragamonedas”, no sólo para inhibir el juego en establecimientos que no contaran con permiso expedido por la SEGOB, sino para invitar a la denuncia de dichos establecimientos; incluso reconocieron las propias autoridades mexicanas en tales campañas que las máquinas ilegales “en muchos casos financian otras actividades delictivas” –peor aún, la propia SEGOB sabe que “propician adicción y delito en niños y jóvenes”. Sin duda ningún operador regulado quiere, ni puede, enfrentarse a la competencia desleal que representa la delincuencia organizada.

Lamentablemente, fue la propia SEGOB la que, en lugar de ejercitar sus facultades de inspección y clausurar los establecimientos ilegales, prohibió actividades económicas que aportan valiosos empleos e impuestos a favor de los mexicanos. Casi pareciera que la intención de la autoridad es velar por los intereses de ciertos grupos que trabajan al margen de la ley, más que por proteger negocios formales. A escasos meses de elecciones, la actual administración del presidente López Obrador aún cuenta con una oportunidad para cumplir con el compromiso que, en materia de juegos y sorteos, asumió con los mexicanos.