PRESIDENTE DEL IJL Y EDITOR DE BNLDATA

Magnho José defiende la regulación ante el STF de Brasil: "Si optamos por la prohibición, no podremos controlar al monstruo"

Magnho José durante su participación en la Audiencia Pública.
19-11-2024
Tiempo de lectura 1:17 min

En la primera parte de la audiencia pública que realizó el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sobre el impacto de las apuestas, el presidente del Instituto Brasileño de Juego Legal (IJL) y editor del sitio web BNLData, Magnho José, fue otro representante del sector que defendió la legalización y regulación de las apuestas deportivas en el país. 

Más de 30 expertos y representantes de instituciones presentaron sus argumentos a favor o en contra del mantenimiento del mercado de apuestas durante la audiencia convocada por el juez Luiz Fux

Magnho informó que 40 millones de brasileños apuestan en Internet y que "hay una invasión de sitios ilegales que, operando desde el extranjero, no tienen ninguna responsabilidad con los apostantes brasileños y se aprovechan de la falta de regulación para explotar las apuestas de una forma que calificó de frívola y delictiva", según BNLData

"No es culpa de las apuestas, no es culpa de las apuestas deportivas. Es la falta de regulación la culpable de lo que estamos viviendo", destacó.

También recordó la operación de las autoridades angoleñas que desmanteló una red criminal internacional responsable de la explotación de más de 400 sitios de juego en línea con el objetivo de engañar a los apostadores brasileños.

"Controlando el Banco Central y las empresas de pago, es más fácil controlar las actividades de los sitios web delictivos. Ningún país del mundo tiene la experiencia, desde el punto de vista social, económico y de seguridad pública, de los que han optado por la prohibición del juego y han eliminado el control estatal. Si optamos por la prohibición, no podremos controlar al monstruo", concluyó. 

Al final de la audiencia, Fux afirmó que las posiciones presentadas "demuestran que la legislación sobre apuestas necesita ajustes", y que la sentencia sobre el ADI 7721 (que pide la inconstitucionalidad de la ley 14/790/23, que regula el sector) deberá tener lugar en el primer semestre de 2025.

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